Ya se conocen los presupuestos de este año para nuestro Distrito. Lo más llamativo es la renuncia a afrontar los problemas de la pobreza y la exclusión en un distrito complejo en el que están presentes la máxima riqueza y la extrema pobreza.
Si nos fijamos en aquellos programas que, bien utilizados, podrían ser más útiles para restablecer el derecho a una vida digna de todas nuestras vecinas y vecinos, nos encontramos que en Inclusión social y emergencias se recorta el presupuesto casi 230.000 euros, lo que significa una disminución del 10,67% respecto a 2014.
Algo parecido pasa en otros programas que podrían tener una gran función social. En Personas mayores y atención social hay una ligera caída del 0,56%, pero el programa de Familia e infancia cae un 22,35% y el de Centros docentes de infantil y primaria un 11,54%.
Entre los cuatro programas citados hay un descenso de casi 700.000 euros, con un monto total un 5,39% menor al de 2014. En cuanto a su peso en el presupuesto anual, en 2014 esos cuatro programas representaban un 52,77% (el programa de mayores viene a aportar un 32%) mientras que en 2015 sólo son un 49,73% del presupuesto total, que pierde calidad social.
Volviendo al primer programa citado, el de Inclusión social y emergencias, altos cargos de la Junta vienen alardeando de que en 2014 ha sobrado dinero del destinado a servicios sociales porque en Tetuán no hay pobreza y se piden pocas ayudas, pero quienes conocen la realidad cotidiana de los servicios sociales y de nuestros barrios bien saben los enormes esfuerzos que hay que hacer para conseguir una ayuda, la frecuencia con que las peticiones son rechazadas y el retraso escandaloso con que se conceden otras. Además, tanto Invisibles como otros colectivos de solidaridad y autogestión social hemos detectado que en realidad el número de personas en serias dificultades no disminuye sino que está aumentando, aunque también aumenta el número de las que se organizan para defender en común nuestros derechos.
En realidad, no sólo hay medios insuficientes para llevar a cabo el plan de emergencia social que sería necesario sino que además su uso actual no es eficiente: incluso con los mismos medios se podrían conseguir resultados mucho mejores si la acción social municipal se entendiese como herramienta para la satisfacción de derechos ciudadanos y si se hiciese un esfuerzo desde la Junta para extender el conocimiento de éstos, en vez dar a los servicios sociales un sesgo de beneficiencia manejada de manera arbitraria y muchas veces inquisitiva hacia quienes solicitan una ayuda.
