Confirmadas por el Defensor del Pueblo las suspensiones irregulares de Rentas Mínimas en Madrid

Frente a las justificaciones aportadas por la Consejería de Políticas Sociales y Familia, el Defensor del Pueblo señala la falta de información adecuada y otros procedimientos de gestión de la RMI que perjudican gravemente a personas y familias que dependen de esta prestación por estar en situación de gran precariedad.

En mayo de 2018 diversas entidades sociales madrileñas denunciaron ante el Defensor del Pueblo la ejecución irregular por parte de la Comunidad de Madrid de suspensiones cautelares y temporales de Rentas Mínimas de Inserción. Aunque públicamente se negó desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia la fundamentación de esta queja, no se quiso responder en un primer momento a los requerimientos de información por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo. Ante el nuevo requerimiento urgente por parte de esta, la Comunidad de Madrid respondió finalmente dando lugar a una notificación del Defensor que confirma varios de los elementos denunciados en la gestión de la RMI, recomendando a la Comunidad la rectificación de estos:

– Constata que numerosas resoluciones de suspensión son genéricas, sin aclarar las causas concretas que las motivan, dejando a las personas beneficiarias en situación de indefensión.

– Señala que se desconoce si existe algún caso en el que la Administración haya realizado el obligado trámite de audiencia previa a la suspensión temporal de una prestación de renta mínima de inserción, y que más bien parece que se prescinde de él, impidiendo que la persona afectada pueda presentar alegaciones en su defensa.

– Índica que una renta mínima es una prestación asistencial, vinculada a la dignidad de la persona, para hacer frente a las necesidades básicas de subsistencia y que su suspensión cautelar sin abono posterior de atrasos priva al afectado de los recursos mínimos para la vida diaria, lo que desvirtúa la razón por la que se otorgó.

– Manifiesta la necesidad de adoptar medidas que eviten situaciones como las denunciadas por las entidades sociales en las que, a pesar de que los interesados acreditaban haber solicitado una prestación ante el SEPE y que esta había sido denegada, se mantenía la suspensión bajo la falsa acusación de no cumplir el requisito de subsidiariedad.

Este comunicado del Defensor del Pueblo confirma así irregularidades en los procedimientos de suspensión de RMI en Madrid. Sin embargo, éstas no son las únicas, y de hecho los colectivos denunciantes están preparando una nueva queja ante el Defensor del Pueblo, en continuidad con la presentada en mayo de 2018, que será presentada en los próximos días para señalar otras situaciones en las que se dan vulneración de derechos: familias monomarentales, personas migrantes, no reconocimiento de los cambios de domicilio, fiscalización de situaciones económicas ya documentadas, etc.

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