El misterio de las recetas desfinanciadas

 

Su nombre no importa, ya estamos convencidas de ello. Al principio creíamos que su situación era excepcional, pero poco a poco vamos descubriendo cada vez más historias similares. Pero el suyo fue el primer caso que conocimos. Él se nos acercó para contarnos cómo al ir a la farmacia y recoger su medicación mensual le habían dicho que tenía que pagar: “¿cómo que tengo que pagar si yo no pagaba las medicinas?”, decía. Pero al consultar el ordenador el mensaje era claro: ahora su nombre va asociado a un TSI 3 (tarjeta sanitaria individual 3, es decir, que pagas el 40% del precio de las medicinas prescritas). Hasta ese día el protagonista de esta historia estaba exento del pago de las medicinas, ya que en su “unidad de convivencia” (es decir, su familia) perciben la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid. Como era un caso aislado, o eso nos parecía entonces, nos dio por pensar que se trataba de un error informático, un cruce de datos desafortunado entre distintas instituciones que le había dejado fuera del amparo de la RMI de la que es titular su mujer, así que le dijimos que fuera a la trabajadora social para que le hiciera un justificante de receptor de RMI. Con el informe en mano, la pareja volvió a la tesorería de la seguridad social para intentar resolver el supuesto entuerto informático demostrando que recibe la RMI y que por tanto está exento de pagar los medicamentos que precisa.

Nada nos hacía pensar que fuera a haber problemas, ya que la legislación nos parece bastante clara al respecto. La exención de pagos se recoge en dos regulaciones diferentes: la primera es el funesto RDL 16/2012 que además de modificar la cobertura sanitaria universal para restringirla a aquellos que son asegurados, también regulaba el porcentaje de pago de las prescripciones según renta. En el RDL se dice que están exentos de pago aquellos que reciben rentas de inclusión (capítulo IV, punto 13.8 del RDL 16/2012) . La segunda regulación aparece en la normativa sobre renta mínima de la comunidad de Madrid, recogiéndose en el artículo 531 que aquellos que son beneficiarios de la renta mínima de inserción están exentos de pagar las prescripciones de medicamentos.

 

Pero el viaje de la pareja fue en balde y de nada les sirvió el informe que le había hecho la trabajadora social, ya que no se trataba de un error informático, si no que de la noche a la mañana nuestro protagonista no estaba exento de pagar la medicación por el simple hecho de que pese a convivir desde hace años, tener una hija en común y recibir la Renta Mínima como “unidad de convivencia”, al no estar legalmente casados no podía ser beneficiario del titular de la RMI y por tanto estar asegurado en las mismas condiciones. O al menos esta fue la conclusión a la que llegaron la pareja con las explicaciones que les dieron en la oficina de la tesorería de la seguridad social. No les entregaron ningún papel por escrito, nada se habló de un cambio de normativa, sólo que de repente ya no podía ser como antes…

Pero como decíamos, esta situación no es una anécdota. Este ha sido el primer caso de una veintena que hemos conocido en estas semanas. En algunos de ellos parece que el motivo es que la pareja no está casada legalmente, pero en otros casos sí que lo están y sin embargo les han quitado también la exención de pago, así que no alcanzamos a entender cuáles son los motivos del cambio en la aplicación de la normativa. Al ver que no se trataba de un caso aislado, preguntamos a las trabajadoras sociales del centro de servicios sociales municipal (las encargadas de ayudar a tramitar la renta mínima) para ver si ellas sabían a qué se debían los cambios. La misma perplejidad, las mismas dudas y tan sólo alguna explicación vaga de que la tesorería se está poniendo “más estricta con el cumplimiento de los criterios” y la iniciativa de “elevar” estas incidencias con la RMI a instancias superiores dentro del organigrama municipal.

También hemos insistido en enviar notas a través de los pacientes a la tesorería de la seguridad social para que nos explicaran a qué se debía este cambio brusco, adjuntando correos electrónicos y teléfonos pero todavía nadie se ha puesto en contacto con nosotras. La verdad es que ya nos corroe la intriga, no ha habido ninguna modificación en las dos regulaciones que contemplan el derecho a farmacia gratuita para los receptores de Renta Mínima y sin embargo se ha restringido de golpe sólo a los titulares. Cosa curiosa, ya que la RMI no se concede a una persona a título individual (salvo que esté sola) sino a la unidad de convivencia: de hecho para seguir percibiendo esta renta, todos los miembros de la unidad familiar tienen que cumplir con ciertas obligaciones como la escolarización, búsqueda de empleo… sin embargo, parece que ahora sólo cuenta el titular para la exención de pago, como si el resto de convivientes tuvieran otra forma de pagar las medicinas que no fuera la exigua RMI que reciben.

Acostumbradas como estamos a abrir cartas con logotipos institucionales informando del cambio de profesional sanitario o de la necesidad de vacunar a la progenie con la siguiente vacuna del calendario vacunal, echamos de menos una carta (o un whatsapp para ser más modernos) informando de los motivos por los que alguien que antes estaba exento de pagar las medicinas ya no lo está.

 

¿Un nuevo ataque a los derechos de quienes lo tienen más difícil para salir adelante? ¿Un nuevo recorte para ahorrar unos eurillos con los que reflotar la macroeconomía? ¿O simplemente un misterio veraniego a resolver con el que nuestras autoridades quieren que estemos entretenidos este verano?

No sabemos bien, pero mientras lo descubrimos, si es pobre, por si acaso acuérdese de no enfermar. 

Fdo. Lxs Insegurxs Sociales
 
Texto original en
 
 

La Comunidad de Madrid reconoce “ausencia de fraude” entre perceptores de la Renta Mínima de Inserción

RMI TU DERECHO: “nos congratulamos de ello y pedimos que se vuelquen recursos y esfuerzos para cumplir los objetivos de la RMI”

La iniciativa social RMI TU DERECHO se congratula de que el pasado 22 de mayo el Director General de Servicios Sociales e Integración Social, señor Gómez-Tavira, reconociera ante la Comisión de Políticas Sociales y Familia de la Asamblea de Madrid que “la primera conclusión es que no hay un nivel de fraude masivo, esto está demostrado, y es importante destacarlo porque gestionamos el dinero de los impuestos y el dinero público”.

La misma idea fue expresada por los portavoces de Ciudadanos, “me alegro de que haya comentado que el fraude es mínimo, porque tenemos la preocupación de que se ha tendido generalmente a criminalizar a los perceptores de la Renta Mínima de una manera absolutamente injusta“, de Podemos, “usted ha dicho que no hay fraude o que el fraude es mínimo, pero esto se compagina mal con la cantidad de trámites y la desconfianza de inicio que se tiene respecto a los solicitantes de la renta“, del PSOE , “Me alegra que en el informe haya aparecido que no existe un fraude masivo” y del PP, “no hay fraude significativo en su percepción”.

Este consenso parlamentario ratifica lo que RMI TU DERECHO afirma desde que nació en abril de 2016 contra el “mito urbano” de los supuestos abusos de las familias perceptoras y nos anima a reclamar aún con más convencimiento y fuerza que se ponga fin al excesivo uso de recursos para revisiones arbitrarias así como que se pongan fin a las suspensiones cautelares por problemas menores sin que nada indique situaciones de fraude.

Igualmente, esperamos que el reconocimiento hecho por el señor Gómez-Tavira de que el objetivo de inserción socialaboral no se está cumpliendo, como denunciamos desde la formación de RMI TU DERECHO, y que la formulación por parte de los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos de varias propuestas coincidentes o cercanas con las presentadas en el documento que remitimos a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid y a los señores Consejero y Director General, sean la antesala de cambios efectivos y de la toma en consideración de la experiencia social reflejada en las 43 medidas que hemos sugerido.

http://rmituderecho.org

rmituderecho@gmail.com

 

Carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid: cada día perdido es dolor causado

doña Cristina Cifuentes Cuencas

Presidenta de la Comunidad de Madrid

La Campaña RMI Tu Derecho agradece su pronta respuesta tras la recepción del documento Renta Mínima de Inserción: Problemas y Propuestas, así como su remisión a la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

Hechos recientes han aumentado la preocupación que le manifestamos en dicho documento…

– El presupuesto nominal para pago de la prestación en 2017 es el mismo que el ejecutado en 2016, 160,4 millones de euros. Considerando la evolución del IPC eso implica un recorte en valor real de unos 4 millones de euros.

– La cuantía de las prestaciones básica y complementarias para 2017 es la misma que en 2016, por lo que cada familia perceptora de RMI perderá poder adquisitivo dada la evolución del IPC.

– Los votos de Partido Popular y Cs en la Asamblea de Madrid han impedido la creación de un abono social de transporte para titulares de RMI en lo que queda de 2017, de coste estimado en sólo 6 millones de euros.

Los datos de gestión en los cinco primeros meses de 2017 indican que, tras las leves mejoras producidas en 2016, nos alejamos de los objetivos marcados por la Ley 15/2001, pese a que la pobreza extrema aumenta en nuestra región.

– Entre enero y mayo el número de unidades de convivencia perceptoras de RMI ha disminuido en 750 familias y la nómina mensual total se ha reducido 295.000 euros, aunque han entrado miles de nuevas solicitudes.

– Se han dictado 600 resoluciones de concesión menos que en el mismo periodo de 2016. Sólo el 39% de las resoluciones iniciales han sido de concesión, frente al 49% en el mismo periodo de 2016.

– Ha crecido el número de resoluciones de archivo, un 36% del total de las resoluciones iniciales frente al 29% del mismo periodo de 2016 y el 27% de 2015.

– El número de suspensiones cautelares de la RMI, con cese del pago de la prestación, es bastante más del doble que en el mismo periodo de 2016. Este dato es quizá el más preocupante.

Esos datos, el dolor cotidiano que se vive en nuestros barrios y municipios y las situaciones que llegan a los centros de servicios sociales municipales, hoy desbordados por la acumulación de suspensiones de la RMI y otros problemas sociales, confirman un “secreto a voces”: para la Consejería de Políticas Sociales y Familia se ha convertido en prioridad la reducción del número de familias y personas beneficiarias de la RMI, con una acción que parece basarse en que toda familia solicitante o perceptora de RMI es sospechosa de fraude, extrapolando a la población empobrecida lo que, a la vista de las últimas investigaciones judiciales, parece haber sido frecuente entre parte de las élites políticas y económicas de nuestra región, incluyendo a su antecesor. Ese enfoque contradice los objetivos proclamados en la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021.

Se acumulan unas 5000 solicitudes en espera de resolución, pero, aunque la ley ya prevé revisiones anuales, la Consejería ha volcado esfuerzos en revisiones adicionales de carácter aleatorio y arbitrario de expedientes sin indicios de irregularidad. Se acribilla a las personas solicitantes o perceptoras con peticiones de documentos ya entregados o no requeridos normativamente, especialmente a las perceptoras de larga duración, que necesitan empleo, no vigilancia. Desde hace meses no se están tomando en consideración los informes sociales, en situaciones como las de difícil empadronamiento y otras; de hecho, en muchos casos se les ha dicho a las/los trabajadores sociales que no se molesten en enviarlos a la Comunidad, pese a las competencias establecidas en el artículo 14 y otros del reglamento.

Tras los expedientes hay personas, sufrimiento, desesperación. Hay, por ejemplo, una madre con una niña que, sin aviso previo, deja de percibir la RMI y ya no puede pagar el alquiler, una madre que, tras preguntar ¿por qué?, aporta inmediatamente la documentación que la solicitan pero a la que se le dice verbalmente que podría estar “entre 3 y 12 meses” sin prestación. Y esa familia, que creía tener una pequeña seguridad con la RMI, si es desalojada por impago no encontrará alternativa habitacional de emergencia en la AVS ni en las agencias municipales, y, si se ve obligada a entrar en una vivienda vacía para no dormir en la calle, se le dirá que no se le gestiona un alquiler social por ser “ocupa”.Y como ése, muchos casos más. Esas cosas pasan en esta región, señora presidenta.

Señora presidenta, ¿de verdad tiene usted, o su consejero, duda de que tantas y tantas personas que lo están pasando tan mal se estén dedicando a defraudar a manos llenas? Si es así, es que no conocen ustedes a nuestro pueblo, a la gente común en la que se basa todo progreso. ¿De verdad cree usted que, sin indicio alguno, puede ponerse en duda la honorabilidad de miles de familias que no tienen a mano micrófono alguno para expresar su indignación y para pedir explicaciones por tanto acoso y tanta indiferencia?

Señora presidenta, no hacemos demagogia ni politiqueo. No hemos dicho que sus manos estén sucias, pero sí le pedimos que no se lave las manos ante lo que ahora mismo está ocurriendo. Hable con las personas atropelladas por la degradación social si no nos cree. Tome en cuenta las 43 propuestas que le hemos hecho, que salen de miles y miles de personas con diferentes formas de pensar pero con similares problemas. No se deje engañar por tópicos que culpan a las víctimas y escuche las voces de la calle, voces muy honorables, que claman justicia y un lugar en la sociedad, o que, ya desesperadas, se han quedado sin voz para gritar.

Cada día perdido es dolor causado. Gracias por su atención, señora presidenta.

Manifestación para ganar el abono social de transporte que Ciudadanos impidió traicionando su compromiso

La red de Invisibles de Madrid

denuncia la traición de Ciudadanos

para implantar el abono social de transporte

 

El 15 de septiembre de 2016, con el voto a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos, la Asamblea de la Comunidad de Madrid instó al gobierno a introducir un abono social para facilitar el transporte público a las persones en situación de exclusión social.

Para ello, en la mesa técnica formada por los tres partidos y la Plataforma Madrid en Transporte Público se concretaron fórmulas de abono social que se introducirían en los Presupuestos de 2017, llegándose al acuerdo de que el primer paso consistiría en conceder el abono transporte a las familias perceptoras de Renta Mínima de Inserción.

Pero llegado el momento de votar, Ciudadanos ha dado marcha atrás sin ninguna explicación, y no se ha introducido el abono social de transporte que tanto echan de menos las personas en paro y los hogares con menos recursos, entre otras cosas para buscar empleo y poder acceder en igualdad a los servicios públicos en una comunidad con grandes distancias, sobre todo si se vive fuera de la almendra central de Madrid.

Reclamamos el derecho a la movilidad de las personas que son víctimas de exclusión social, lo mismo que reclamamos para ellas el derecho a la vivienda, a la alimentación y a los suministros básicos del hogar. Y del mismo modo que se subvenciona el transporte de las personas mayores y de los jóvenes, se debería financiar –todavía con más razón- a quienes han sido abocados al desempleo y la extrema pobreza.

Por todo esto apoyamos la manifestación convocada por Madrid en Transporte Público para el miércoles, 10 de mayo, a las 19 h. desde la Plaza de Manuel Becerra hasta la sede de Ciudadanos para denunciar su traición a la palabra dada.

¡Abono social ya