La inseguridad alimentaria en la Comunidad de Madrid

La inseguridad alimentaria en la Comunidad de Madrid

Concepción Castrillo y Carlos Pereda

La Carta contra el Hambre surge en 2014 a partir de un grupo de movimientos sociales de base con una doble intención: visibilizar el problema de la inseguridad alimentaria en la Comunidad de Madrid y tratar de conseguir que el derecho a la alimentación, que España como país se ha comprometido a garantizar en el marco de Naciones Unidas, encuentre vías efectivas de solución. Para ello promovimos una iniciativa legislativa que obtuvo el apoyo de varios ayuntamientos y llegó al pleno de la Asamblea de la Comunidad donde el pasado 21 de febrero fue rechazada a trámite por un solo voto –la suma del PP y Ciudadanos frente a Podemos y PSOE-. El partido Ciudadanos había firmado en mayo de 2015 el Pacto contra el Hambre por el que se comprometió a llevar a las instituciones el derecho a la alimentación para aliarse finalmente con el PP en contra de la iniciativa.

(…)

Se podría pensar que las situaciones de inseguridad alimentaria, pobreza y exclusión social son inevitables pero no es así. El problema es el reparto. Tendríamos que lograr que la renta y la riqueza se distribuyan con mayor equilibrio, que el sistema de impuestos sea más progresivo y que los derechos sociales, entre ellos el derecho a la alimentación, dejen de ser letra formal de nuestras leyes y cubran a todas las personas para las que fueron establecidos. Una labor que, en democracia, no puede ser coto cerrado de los partidos políticos ahora enzarzados en campañas electorales, sino responsabilidad política de una ciudadanía cada vez más indignada, sí, pero también más consciente y comprometida. Muchas gracias.

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Confirmadas por el Defensor del Pueblo las suspensiones irregulares de Rentas Mínimas en Madrid

Confirmadas por el Defensor del Pueblo las suspensiones irregulares de Rentas Mínimas en Madrid

Frente a las justificaciones aportadas por la Consejería de Políticas Sociales y Familia, el Defensor del Pueblo señala la falta de información adecuada y otros procedimientos de gestión de la RMI que perjudican gravemente a personas y familias que dependen de esta prestación por estar en situación de gran precariedad.

En mayo de 2018 diversas entidades sociales madrileñas denunciaron ante el Defensor del Pueblo la ejecución irregular por parte de la Comunidad de Madrid de suspensiones cautelares y temporales de Rentas Mínimas de Inserción. Aunque públicamente se negó desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia la fundamentación de esta queja, no se quiso responder en un primer momento a los requerimientos de información por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo. Ante el nuevo requerimiento urgente por parte de esta, la Comunidad de Madrid respondió finalmente dando lugar a una notificación del Defensor que confirma varios de los elementos denunciados en la gestión de la RMI, recomendando a la Comunidad la rectificación de estos:

– Constata que numerosas resoluciones de suspensión son genéricas, sin aclarar las causas concretas que las motivan, dejando a las personas beneficiarias en situación de indefensión.

– Señala que se desconoce si existe algún caso en el que la Administración haya realizado el obligado trámite de audiencia previa a la suspensión temporal de una prestación de renta mínima de inserción, y que más bien parece que se prescinde de él, impidiendo que la persona afectada pueda presentar alegaciones en su defensa.

– Índica que una renta mínima es una prestación asistencial, vinculada a la dignidad de la persona, para hacer frente a las necesidades básicas de subsistencia y que su suspensión cautelar sin abono posterior de atrasos priva al afectado de los recursos mínimos para la vida diaria, lo que desvirtúa la razón por la que se otorgó.

– Manifiesta la necesidad de adoptar medidas que eviten situaciones como las denunciadas por las entidades sociales en las que, a pesar de que los interesados acreditaban haber solicitado una prestación ante el SEPE y que esta había sido denegada, se mantenía la suspensión bajo la falsa acusación de no cumplir el requisito de subsidiariedad.

Este comunicado del Defensor del Pueblo confirma así irregularidades en los procedimientos de suspensión de RMI en Madrid. Sin embargo, éstas no son las únicas, y de hecho los colectivos denunciantes están preparando una nueva queja ante el Defensor del Pueblo, en continuidad con la presentada en mayo de 2018, que será presentada en los próximos días para señalar otras situaciones en las que se dan vulneración de derechos: familias monomarentales, personas migrantes, no reconocimiento de los cambios de domicilio, fiscalización de situaciones económicas ya documentadas, etc.

Movimiento ATD Cuarto Mundo España

Invisibles de Tetuán

C.P. San Carlos Borromeo

Coordinadora de Barrios

Asociación Apoyo

Tetuán Resiste