El informe anual 2018 del Defensor del Pueblo confirma la indefensión social ante las suspensiones cautelares de la Renta Mínima en la Comunidad de Madrid
Nota de prensa de RMI TU DERECHO (aquí en PDF)
«… las resoluciones de suspensión suelen indicar que se han producido variaciones en las circunstancias que motivaron la concesión de la prestación, sin aclarar cuáles, lo que deja a los beneficiarios en situación de indefensión (…) Se trata de resoluciones modelo en las que se hace una referencia genérica a la legislación aplicable, pero que, a criterio de esta institución, no están suficientemente motivadas, porque no explican lo que ha variado, dificultando que los afectados puedan formular alegaciones y recurrir con buenas razones la resolución«
Informe Defensor del Pueblo 2018
Apartado 9.6.1 Rentas Mínimas, página , 511
El Informe 2018 dedica casi cinco páginas al funcionamiento en la Comunidad de Madrid de los procedimientos de suspensión cautelar de la renta mínima de inserción, por los que ésta deja de pagarse varios meses, con pérdida de otros derechos asociados, por ejemplo la exención de pago de los medicamentos.
Dadas sus graves consecuencias para familias carentes de cualquier otro recurso, la aplicación de estas suspensiones requeriría mucha prudencia y transparencia. De hecho, el Defensor sugiere que «si se diera trámite de audiencia previa las personas afectadas tendrían conocimiento, con antelación a la suspensión, de los hechos y fundamentos legales en los que se puede basar la decisión y podrían presentar alegaciones en su defensa«.
Sin embargo, el uso de las suspensiones cautelares es cada vez más frecuente, oscurantista y arbitrario…
– Pese a que las familias perceptoras de RMI sólo rondan las 25.000, en 2018 se produjeron 4580 suspensiones cautelares, un 30% más que en 2017 y un 90% más que en 2016.
– El Defensor ratifica que es habitual que no se expliquen las causas de la suspensión, que esto dificulta demostrar que se siguen cumpliendo los requisitos y que lleva a grave indefensión.
Esta práctica irregular y cruel es socialmente devastadora pues agrede a personas «en situación de grave precariedad económica, de carencia de recursos económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, y por ello en riesgo de exclusión social«
– La condena preventiva a varios meses sin ingresos priva de acceso a las necesidades básicas más elementales y condena a situaciones desesperantes y a veces con consecuencias irreversibles. Las familias perceptoras de RMI carecen de ahorros.
– Aún si logran demostrar que cumplen todos los requisitos, no por eso se les devolverá el dinero que les ha sido expropiado: «si se confirma su derecho a percibirla porque sí reunía los requisitos, no se produce reintegro automático de las cantidades dejadas de percibir«.
– Si no logran el levantamiento de la suspensión en el plazo de tres meses, se les quitará la renta mínima. En 2017 una de cada tres extinciones tuvieron esa causa.
El Defensor cita algunas otras irregularidades, como las suspensiones por no solicitar otras prestaciones cuando sí han sido solicitadas pero denegadas, con comunicación de ello a la Comunidad de Madrid, o defectos similares a los antes señalados pero en los procedimientos de valoración de nuevas solicitudes.
Sea cual sea la composición del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid éste debería atender a las sugerencias del Defensor y a otras formuladas desde los colectivos de intervención social, pues cualquier gobierno que se ensañe con la población empobrecida perderá su legitimidad. Igualmente, reclamamos que se publique de una vez el Balance Anual de Gestión RMI 2018 y manifestamos nuestra indignación por no haberse hecho antes de las elecciones del 26 de mayo.
campaña social RMI TU DERECHO
rmituderecho@gmail.com
