Carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid: cada día perdido es dolor causado

doña Cristina Cifuentes Cuencas

Presidenta de la Comunidad de Madrid

La Campaña RMI Tu Derecho agradece su pronta respuesta tras la recepción del documento Renta Mínima de Inserción: Problemas y Propuestas, así como su remisión a la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

Hechos recientes han aumentado la preocupación que le manifestamos en dicho documento…

– El presupuesto nominal para pago de la prestación en 2017 es el mismo que el ejecutado en 2016, 160,4 millones de euros. Considerando la evolución del IPC eso implica un recorte en valor real de unos 4 millones de euros.

– La cuantía de las prestaciones básica y complementarias para 2017 es la misma que en 2016, por lo que cada familia perceptora de RMI perderá poder adquisitivo dada la evolución del IPC.

– Los votos de Partido Popular y Cs en la Asamblea de Madrid han impedido la creación de un abono social de transporte para titulares de RMI en lo que queda de 2017, de coste estimado en sólo 6 millones de euros.

Los datos de gestión en los cinco primeros meses de 2017 indican que, tras las leves mejoras producidas en 2016, nos alejamos de los objetivos marcados por la Ley 15/2001, pese a que la pobreza extrema aumenta en nuestra región.

– Entre enero y mayo el número de unidades de convivencia perceptoras de RMI ha disminuido en 750 familias y la nómina mensual total se ha reducido 295.000 euros, aunque han entrado miles de nuevas solicitudes.

– Se han dictado 600 resoluciones de concesión menos que en el mismo periodo de 2016. Sólo el 39% de las resoluciones iniciales han sido de concesión, frente al 49% en el mismo periodo de 2016.

– Ha crecido el número de resoluciones de archivo, un 36% del total de las resoluciones iniciales frente al 29% del mismo periodo de 2016 y el 27% de 2015.

– El número de suspensiones cautelares de la RMI, con cese del pago de la prestación, es bastante más del doble que en el mismo periodo de 2016. Este dato es quizá el más preocupante.

Esos datos, el dolor cotidiano que se vive en nuestros barrios y municipios y las situaciones que llegan a los centros de servicios sociales municipales, hoy desbordados por la acumulación de suspensiones de la RMI y otros problemas sociales, confirman un “secreto a voces”: para la Consejería de Políticas Sociales y Familia se ha convertido en prioridad la reducción del número de familias y personas beneficiarias de la RMI, con una acción que parece basarse en que toda familia solicitante o perceptora de RMI es sospechosa de fraude, extrapolando a la población empobrecida lo que, a la vista de las últimas investigaciones judiciales, parece haber sido frecuente entre parte de las élites políticas y económicas de nuestra región, incluyendo a su antecesor. Ese enfoque contradice los objetivos proclamados en la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021.

Se acumulan unas 5000 solicitudes en espera de resolución, pero, aunque la ley ya prevé revisiones anuales, la Consejería ha volcado esfuerzos en revisiones adicionales de carácter aleatorio y arbitrario de expedientes sin indicios de irregularidad. Se acribilla a las personas solicitantes o perceptoras con peticiones de documentos ya entregados o no requeridos normativamente, especialmente a las perceptoras de larga duración, que necesitan empleo, no vigilancia. Desde hace meses no se están tomando en consideración los informes sociales, en situaciones como las de difícil empadronamiento y otras; de hecho, en muchos casos se les ha dicho a las/los trabajadores sociales que no se molesten en enviarlos a la Comunidad, pese a las competencias establecidas en el artículo 14 y otros del reglamento.

Tras los expedientes hay personas, sufrimiento, desesperación. Hay, por ejemplo, una madre con una niña que, sin aviso previo, deja de percibir la RMI y ya no puede pagar el alquiler, una madre que, tras preguntar ¿por qué?, aporta inmediatamente la documentación que la solicitan pero a la que se le dice verbalmente que podría estar “entre 3 y 12 meses” sin prestación. Y esa familia, que creía tener una pequeña seguridad con la RMI, si es desalojada por impago no encontrará alternativa habitacional de emergencia en la AVS ni en las agencias municipales, y, si se ve obligada a entrar en una vivienda vacía para no dormir en la calle, se le dirá que no se le gestiona un alquiler social por ser “ocupa”.Y como ése, muchos casos más. Esas cosas pasan en esta región, señora presidenta.

Señora presidenta, ¿de verdad tiene usted, o su consejero, duda de que tantas y tantas personas que lo están pasando tan mal se estén dedicando a defraudar a manos llenas? Si es así, es que no conocen ustedes a nuestro pueblo, a la gente común en la que se basa todo progreso. ¿De verdad cree usted que, sin indicio alguno, puede ponerse en duda la honorabilidad de miles de familias que no tienen a mano micrófono alguno para expresar su indignación y para pedir explicaciones por tanto acoso y tanta indiferencia?

Señora presidenta, no hacemos demagogia ni politiqueo. No hemos dicho que sus manos estén sucias, pero sí le pedimos que no se lave las manos ante lo que ahora mismo está ocurriendo. Hable con las personas atropelladas por la degradación social si no nos cree. Tome en cuenta las 43 propuestas que le hemos hecho, que salen de miles y miles de personas con diferentes formas de pensar pero con similares problemas. No se deje engañar por tópicos que culpan a las víctimas y escuche las voces de la calle, voces muy honorables, que claman justicia y un lugar en la sociedad, o que, ya desesperadas, se han quedado sin voz para gritar.

Cada día perdido es dolor causado. Gracias por su atención, señora presidenta.

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